Gestionar, dialogar, convencer y garantizar. El trabajo técnico-político de los mares en España depende del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, quien aplica directrices siguiendo las normativas que marca la Política Pesquera Común (PPC) de la UE. “Nuestro trabajo consiste en marcar la explotación de nuestros mares por el sector pesquero bajo parámetros marcados. El mar se puede explotar de una forma u otra, con unas artes u otras, por lo que se tienen que tomar decisiones”. Que pueden no gustar a todos.

M. Pilar Vara del Río es la subdirectora General de Investigación Científica y Reservas Marinas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, una de las peonas a quien toca tomarlas, “siempre sobre el conocimiento científico de cómo están nuestros mares”. “Escuchamos a los científicos porque la actividad pesquera explota recursos renovables que deben preservarse para garantizar la sostenibilidad de las especies, y por ende de nuestros mares. Nuestro objetivo principal es garantizar que la pesca sea sostenible a largo plazo, pero que genere recursos alimenticios y beneficios sociales y de empleo a corto”, explica.

La gestión del Ministerio y de la UE es escuchar y mediar con los datos en la mano. “Es de vital importancia disponer de datos fiables que nosotros mismos recogemos, para que los científicos puedan evaluar y compartir diferentes estrategias que los gestores transformarán en políticas más acertadas”. Se trata, en el fondo, “de buscar un equilibrio entre la sostenibilidad y la rentabilidad de las pesquerías”. No es fácil: “A veces nos encontramos en encrucijadas donde las pesquerías quieren pescar más y los científicos alertan de lo contrario”.

Sin embargo, el consenso se logra, como ha pasado recientemente con la anchoa, cuya pesca se prohibió durante cinco años para recuperar su biomasa, o la sardina ibérica, cuyas capturas solo se limitaron “porque no queríamos cerrar las pesquerías”, dando como resultado una flota actual superior.

Las bondades de las 11 reservas marinas de España

Para Vara del Río, a nivel macroeconómico, la pesca no da grandes números en España pero sí es importante, “ya que somos un país eminentemente pesquero”. El país cuenta con 9.000 barcos faenando, y beneficiándose de los resultados conseguidos por las 11 reservas marinas creadas, ocho en el Mediterráneo (Isla de Tabarca, Isla Columbretes, Cabo de Palos e Islas Horimigas, Cabo de Gata, Isla de Alborán, Masía Blanca, Llevant de Mallorca - Cala Ratjada y Cabo Tiñoso) y tres en Canarias (Isla Graciosa e Islotes del Norte de Lanzarote, Punta Restinga-Mar de las Calmas e Isla de Palma). “Se crean para proteger las biomasas por sugerencia científica pero con la colaboración con el sector pesquero y con otros (ONG o empresas de turismo cultural) que también pueden ser partícipes de ella”.

Los objetivos de las reservas son la mejora de los recursos pesqueros (en la propia área reservado y en derredor, ya que está comprobado que el número de especies aumenta también fuera de esa zona por movilidad), el apoyo a la pesca artesanal y la protección de hábitats esenciales. Algunos ejemplos de éxito se han producido con la gamba blanca en la Isla de Alborán o con la langosta en Isla Columbretes. “Con las reservas también hacemos participe a la sociedad de la importancia de conservar el mar y de comer pescado”.

De cara al futuro, Vara del Río ha mostrado el compromiso institucional por seguir apostando por la sostenibilidad como línea argumental, y por seguir “liderando a nivel mundial la lucha contra la pesca ilegal”. Por ello, por ejemplo, se comprueba “qué y cómo han pescado los buques españoles que operan fuera de nuestras aguas”.